A mediados del año 2007, Jairo firmó una hipoteca por 153.600 euros por un piso en el barrio de Sant Salvador. Pagaba una mensualidad de 620 euros. Por aquel entonces, él vivía sólo –al año siguiente llegaron sus dos hijos– y trabajaba en el sector de la construcción. Pero al cabo de dos años, la situación cambio. Se quedó en el paro y dejó de pagar las cuotas de la hipoteca.
El banco, ante el incumplimiento del contrato establecido, subastó la vivienda. El Juzgado de Primera Instancia 6 de Tarragona abrió un procedimiento e instó al afectado a que se presentara con abogado.
El abogado acreditó que su cliente era un deudor hipotecario sin recursos –familia monoparental sin ingresos y con dos hijos a su cargo– y que, por lo tanto, no podía hacer frente al pago de la hipoteca. El juez aceptó paralizar el desahucio mediante un auto judicial. La suspensión fue posible gracias a la entrada en vigor del Real Decreto 27/2012. Esta paralización del desahucio seguramente se podrá prorrogar hasta mayo del próximo año por la nueva reforma legal de una ley de 14 de mayo, sobre medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y el alquiler social.
Durante la tramitación de la demanda de ejecución dineraria y de desahucio –el año pasado–, el abogado del afectado, como causa de oposición a las pretensiones del banco, también alegó un abuso de la ley hipotecaria española en contra de los consumidores. La misma permite oponerse durante el transcurso de la ejecución hipotecaria por la existencia de cláusulas abusivas en las hipotecas –antes no era posible.
Alegaciones
Revisada la escritura del préstamo hipotecario, el abogado defensor detectó una serie de cláusulas que podrían ser abusivas y que presentó como alegaciones. La primera hacía referencia al vencimiento anticipado de la hipoteca, que permite reclamar la totalidad de la deuda de la misma por el solo hecho de no pagar una sola cuota. En segundo lugar una cláusula suelo que no permite bajar la cuota de la hipoteca aunque lo haga el euríbor porque tiene como tope mínimo –en este caso del 3,75 por ciento– en contrapartida con el tope máximo del 12 por ciento. Finalmente, los intereses de demora podían superar el triple del interés legal.
En la sentencia inicial del Juzgado de Primera Instancia número 6, el juez aceptaba la cláusula de vencimiento anticipado como abusiva y daba la razón al afectado. Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial no lo ha aceptado al entender que en este caso la entidad bancaria no la ha aplicado, sino que ha esperado a que el demandante no hubiese pagado cuatro cuotas de la hipoteca.
Sobre la cláusula suelo, la Audiencia de Tarragona se pronuncia en el mismo sentido que el titular del Juzgado de Primera Instancia al declararla nula por abusiva en contra del consumidor por ser desproporcionado el diferencial entre el máximo y el mínimo porque estos límites sólo pueden beneficiar a la entidad bancaria. Y más teniendo en cuenta los momentos en que estamos y en los que se comercializó la hipoteca (2007), en que el euríbor llegó a mínimos históricos. Por ello, se interpreta también que el consumidor no estaba debidamente informado. Al ser declarada nula dicha cláusula, del importe que reclama el banco se tiene que descontar las cantidades cobradas mediante este cláusula abusiva y, en su caso si procede, la devolución de las cantidades.
Si aún tienes cláusula suelo no dudes en demandar judicialmente ya que se están eliminado todas. Aquí te informamos del proceso de demanda:
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