El pasado mes de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalaba la doctrina del Tribunal Supremo -ver sentencia- para anular los contratos con tarjetas 'revolving', un producto financiero que contempla en la mayoría de los casos unos intereses usurarios, una letra pequeña incomprensible para los clientes e, incluso, no presentan la información imprescindible. El auto del Tribunal europeo, del 25 de marzo, -ver resolución- dejaba claro que la directiva sobre contratos de créditos al consumo no se opone a la normativa española que establece una limitación de la TAE que puede imponerse a un consumidor con el fin de luchar contra la usura, "siempre que no contravenga las normas armonizadas sobre obligaciones de información".
La resolución del Tribunal de Luxemburgo y las anteriores del Supremo suponían un refuerzo jurídico muy importante para los usuarios de estas tarjetas, que han empezado a ejercer de forma masiva su derecho de reclamación y han decidido acudir a los juzgados, teniendo en cuenta que algunos de ellos ya han marcado un plazo de prescripción para estos productos de cinco años. La nueva jurisprudencia ha triplicado el número de quejas según se señalaba recientemente del despacho Sanahuja Miranda.
Mientras, el Banco de España reconocía en su Memoria de Reclamaciones de 2020 el aumento de los requerimientos por las 'revolving', "una fuente habitual de quejas", que poco a poco esta restando protagonismo a las referidas a créditos 'hipotecarios' y sobre el que en 2020 ha habido "un pronunciamiento judicial relevante" y ya suponen una de cada cuatro quejas. En el citado informe destaca que las reclamaciones por tarjetas han aumentado especialmente en la subcategoría de operaciones fraudulentas -un 138,6%- y, aún con mayor fuerza, en la de 'revolving' -un 212%-.
Las reclamaciones telefónicas ante el BdE sumaron 40.600 en 2020, un 52% más que en 2019, lo que ha obligado a reforzar y agilizar los servicios
En este contexto, el Banco de España (BdE) ha decidido reforzar la gestión de las reclamaciones, agilizar las respuestas a los usuarios y lograr un mejor y mayor asesoramiento jurídico ante los litigios. El pasado 4 de marzo, unos días antes de que se conociese el auto del TJUE, el Banco de España hacia el anuncio previo de un contrato, valorado en 3,75 millones de euros, para atención telefónica y apoyo administrativo, y servicio de resolución de consultas escritas planteadas por los usuarios de servicios bancarios ante el BdE. Constata la entidad en el pliego técnico que las consultas telefónicas -40.600 en 2020- aumentaron un 52% con respecto a 2019. En cuanto las consultas escritas, 2020 fue el año con mayor número atendido en la historia del servicio: 6.261 -68,4% más que en 2019-.
Así, el pasado noviembre Indra BPO Servicios se hacía con la atención telefónica, un contrato que se propuso realizar por menos dinero que sus rivales -600.000 euros-. La multinacional española de servicios de consultoría dejó fuera a Accenture, AlcalánBC, Eulen, ibermática, Oesía Networks y a Unísono. Mientras, el contrato de resolución de consultas escritas, con un importe de adjudicación de 791.000 euros, fue para Oesía Networks, una multinacional tecnológica que desbancó en este caso a Indra y a AlcaláBC, Servicios y Procesos.
Por su parte, Deloitte, una auditora a la que el Banco de España ha hecho recaer varios importantes contratos en los últimos años, consiguió el pasado día 13 el servicio de gestión de reclamaciones sobre tarjetas, un contrato que se tramitó de forma urgente y sin publicidad. El valor estimado de la licitación supera el millón de euros y para conseguirlo tuvo que dejar fuera a otras dos 'big four': Ernst & Young y KPMG Asesores, que fueron invitadas a participar en la licitación. Se contempla un periodo de seis meses, aunque el contrato está abierto a dos prórrogas más.
El aumento sostenido y relevante de las quejas por las tarjetas no puede ser atendido por la plantilla y hay riesgo de incumplir con los plazos de tramitación
"El objeto de la contratación es la prestación de un servicio de gestión de reclamaciones referidas a cualquier tipo de incidencia relacionada con tarjetas, suscritas entre los usuarios de servicios bancarios y las entidades supervisadas por el Banco de España", señala la entidad, que justifica la adjudicación en la insuficiencia de medios ante un incremento sostenido y relevante de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos. El efecto inmediato de este desajuste, que no puede afrontar el actual número de trabajadores, es el riesgo de incumplimiento de los plazos de tramitación recogidos en las normas de procedimiento mencionadas anteriormente, destaca el supervisor bancario.
Estima que las reclamaciones relacionadas con las tarjetas podrían alcanzar las 14.000 -10.000 mínimo- en 2022 y 2023 frente a las apenas 2.600 de 2019 y que es esta la tipología, fundamentalmente por las 'revolving' la que ha experimentado un mayor crecimiento, pasando de las 333 recibidas en enero de 2020 a las 868 recibidas en marzo de 2021, un aumento del 160,7%. "Actualmente, el Banco de España, y especialmente el Departamento de Conducta de Entidades (DCE), no dispone de la plantilla suficiente para gestionar adecuadamente el volumen de reclamaciones, por lo que se requiere de una empresa externa para ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos mediante la tramitación y resolución de las reclamaciones en los plazos legales señalados anteriormente", puntualiza.
En noviembre de 2020, el Banco de España adjudicaba a Deloitte el contrato de servicio informático especializado para el apoyo a la gestión de riesgos de seguridad de la información de la autoridad bancaria, valorado en 1,5 millones. Hasta 21 firmas lograron pasar a la fase previa a la adjudicación, entres las que se encontraba Eulen Seguridad, Informática del Corte Inglés, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Accenture y Telefónica. Un año antes, la rama legal de la auditora del 'big four' se hacía con otra destacable licitación, en este caso valorada en 5 millones de euros, para asumir el servicio de apoyo a la gestión de reclamaciones referidas a cualquier tipo de incidencia relacionada con préstamos o créditos hipotecarios. Otras dos 'big four' -E&Y y KPMG- también acudieron al proceso, además del Zunzunegui Segurities Lawyers, un despacho especializado en regulación financiera, derecho procesal y 'fintech'.
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