Confirmado el carácter usurario de los intereses aplicados en la revolving “Global Bonus” del Santander

Desestimando el recurso planteado por la entidad bancaria, la Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la sentencia dictada en primera instancia que calificaba de usurarios y nulos los intereses ordinarios pactados en el contrato de tarjeta de crédito revolving suscrito en el 2010 entre una consumidora y el Banco Santander.

El hecho que definitivamente convence a la Sala para tomar tal decisión es que, durante la vigencia del contrato, se aplicaba un TIN del 24% tanto para compras como para disposiciones en efectivo, lo que provocaba que la TAE se situase posiblemente en la magnitud cifrada por la consumidora del 26,82%.

Repaso del caso

La representación procesal de la consumidora presentó la correspondiente demanda contra el Banco Santander, por la que ejercitaba, con carácter principal, en relación con el contrato suscrito en julio 2010 de tarjeta de crédito “Visa Global Bonus” bajo la modalidad revolving, la declaración como usurarios de los intereses ordinarios allí pactados. Además, subsidiariamente, solicitaba la declaración de nulidad de la cláusula relativa al interés remuneratorio fundada en su abusividad.

Según se desprende de las condiciones generales del contrato de tarjeta revolving suscrito, allí se estableció un límite de crédito de 1.000 euros y unos intereses en la modalidad de pago aplazado de 22,41% TAE.

Pese a que la entidad bancaria formuló contestación interesando la desestimación íntegra de la demanda, en noviembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Santander estimó íntegramente la demanda, declarando el carácter usurario de los intereses ordinarios allí pactados y, por tanto, su nulidad, con los efectos restitutorios previstos en el art. 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios.

Disconforme con lo anterior, la entidad demandada recurrió en apelación, denunciando el error en la valoración de la prueba y en las consecuencias jurídicas alcanzadas por el Juez de instancia.

La Audiencia le vuelve a dar la razón a la consumidora

Ahora, la AP de Cantabria, mediante su reciente sentencia de 15 de noviembre de 2021, desestima el recurso formulado.

En particular, después de aludir a la legislación y a la jurisprudencia aplicable, la Sala le da la razón a la entidad recurrente en cuanto que la base de comparación es el índice del mercado específico relativo al producto.

Durante toda la vigencia del contrato, sin que la demandada haya acreditado que exista otra realidad, se ha aplicado un TIN del 24% tanto para compras como para disposiciones en efectivo. Lo anterior hace que la TAE se sitúe “por encima y en el ámbito de la magnitud cifrada por la parte actora (26,82%)”, alerta la Sala.

“No existe ninguna duda y este es el hecho que definitivamente convence al Tribunal”, añade el reciente fallo.

En palabras de la AP de Cantabria, “la única prueba de aplicación cierta durante la vigencia del contrato viene determinado por la prueba aportada por la parte actora (…), no negada ni combatida por otra del mismo orden o naturaleza que provenga de la demandada, en la que se hace constar que se aplica ya entre el año 2017 y 2019 un TIN del 24%, sin que quede determinado el TAE, aunque bien pudiera ascender –como indica la experiencia y práctica en supuestos similares– en el importe señalado en la demanda del 26,82% TAE”.

Por consiguiente, la Sala considera que dicho interés es “notalmente superior al normal del dinero” del mercado específico, es decir, el normal de este producto bancario, y determinante de la calificación de usurario.

Tanto es así que, a juicio del Tribunal, “no existe una justificación subjetiva, ni desde el punto de vista objetivo, por lo expuesto, que permita todavía considerar que el interés aplicado se mueve en márgenes de normalidad o tolerancia del mercado específico al que corresponde el especial y complejo -por el riesgo en su naturaleza- contrato de crédito pactado”.

En definitiva, la usura y la nulidad declarada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Santander son ahora confirmadas. Además, en virtud de lo dispuesto en los arts. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales de esta alzada son impuestas a la entidad bancaria recurrente.

Si tienes una tarjeta revolving podemos ayudarte

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Caja Rural del Sur abonará 83.000€ a unos clientes tras aplicar el sistema de amortización con progresión geométrica en su hipoteca

 Un Juzgado de Primera Instancia de Sevilla ha declarado la nulidad de la cláusula suelo, la cláusula de gastos y la cláusula de interés de demora contenidas en el contrato de préstamo hipotecario suscrito entre los consumidores (demandantes) y la Caja Rural del Sur (demandada) en octubre de 2006.

Lo peculiar del litigo es la cantidad a devolver a los clientes, alrededor de 83.000 euros, como consecuencia de la aplicación del inhabitual sistema de amortización con progresión geométrica.

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Condenado Wizink a devolver a un vecino de Huelva 12.570 euros por usura y falta de transparencia

Muchas financieras han concedido créditos revolving y créditos rápidos en Andalucía con excesiva facilidad en los últimos años. Como resultado, los afectados quedaban desprotegidos ante la desinformación proporcionada y los elevados intereses pactados. Sin embargo, después de que en marzo de 2020 el Tribunal Supremo declarase la nulidad de aquellos contratos en los que existiese usura, siendo apoyado un año después por el Tribunal de Justicia Europea, el número de litigios ha crecido considerablemente en favor de los afectados.

En 2005 este vecino de Huelva contrató con Wizink una tarjeta de crédito denominada “Citibank Visa Classic”. Tras 16 años tratando de forma insatisfactoria liquidar la deuda contraída, que no paraba de crecer, decidió reclamar.

La defensa explicó en el juicio que el 26,82% TAE que venía aplicándose en el contrato de la tarjeta era usurario al superar notoriamente el TAE fijado para las operaciones de crédito al consumo. 

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Gastos hipotecarios: así están recuperando los afectados 1.000 euros de media

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que si a una persona le han cobrado unas cláusulas denominadas abusivas en su hipoteca tiene derecho a recibir un reembolso completo, a diferencia de lo dictado en los juzgados españoles. Ante esta resolución judicial ¿Qué postura han tomado los bancos?  "A corto plazo no creemos que cambien las condiciones de las hipotecas. Este año está siendo especial por toda la crisis del Covid-19. Además, tenemos un euríbor que otra vez en está en caída por lo que no creemos que las entidades tomen medidas drásticas a corto plazo. Habrá que esperar al 2021 a ver cómo evoluciona el sector", asegura Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro.

No obstante, como la sentencia va a provocar que pierdan ingresos, sí que van a intentar compensar dicha pérdida. Colombelli advierte que, aunque no se creen comisiones nuevas, puede que en algunas "suba el porcentaje". Esto significa que si una entidad tiene una comisión de apertura de un 0,6%, por ejemplo, puede subirlo a un 0,8% como forma de compensar las consecuencias de esta sentencia.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que, a causa de la pandemia del coronavirus, los bancos estuvieron paralizados varias semanas, por lo tanto, como aún se están recuperando, no reaccionan como antes a este tipo de decisiones.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anima a reclamar la devolución de los gastos de formalización de hipotecas indebidamente cobrados por las entidades bancarias. Más ahora, tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establecen que, una vez la cláusula es declarada abusiva, corresponde la devolución de todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como la mitad de los gastos notariales.

Lamentablemente, si tras reclamar a la entidad, ésta no accede a la devolución, la única vía efectiva sigue siendo la judicial. Pero merece la pena iniciarla: el 100% de las reclamaciones gestionadas por OCU ha tenido éxito, consiguiendo recuperar una media de 1.000 euros por hipoteca, entre devolución de gastos e intereses. De hecho, la organización ya ha ayudado a sus socios a recuperar alrededor de medio millón de euros. Es más, en el caso que detecte otras cláusulas abusivas en el contrato, como IRPH o la cláusula suelo, también las reclama en el mismo procedimiento judicial.

OCU recomienda revisar las condiciones de su hipoteca a todos aquellos que la firmaran antes del 16 de junio de 2019. En este fecha entró en vigor la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que establece que el consumidor solo deberá hacerse cargo de los gastos de tasación del inmueble, así como pagar por las copias de la escritura que se soliciten posteriormente.

Casos contra Caixabank y BBVA, el origen de esta sentencia

Casos contra Caixabank y BBVA, el origen de esta sentenciaLa decisión del TJUE tiene origen en dos cuestiones judiciales. La primera es un procedimiento contra CaixaBank planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº17 de Palma de Mallorca y la segunda procede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº6 de Ceuta en relación con un caso con BBVA.

El tribunal europeo ha considerado que es ilegal que un juez nacional niegue a una persona que pueda recibir el dinero de unas cláusulas cuando estas han sido declaradas como abusivas.

Para recuperar vuestro dinero podéis contactar con nosotros en el correo demandas@clausulasuelo.info 

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Nueva victoria de nuestros abogados recuperando el dinero de una tarjeta de crédito del Banco de Sabadell

De nuevo tenemos grandes noticias para nuestros usuarios de la web clausulasuelo.info y de abusobancario.com ya que nuestros abogados colaboradores han conseguido otra victoria en la reclamación contra Banco Sabadell para recuperar los intereses de la tarjeta.

Esta nueva sentencia se ha conseguido en el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Benidorm y permite recuperar los intereses pagados por una tarjeta VISA classic de Banco de Sabadell suscrita en abril del año 2017.

La demanda que se interpuso por parte de nuestros abogados colaboradores solicitaba la anulación de la tarjeta de crédito revolving del Banco de Sabadell y la devolución de todos los intereses pagados de más. Una vez recibida la demanda el banco se allanó a lo solicitado por lo que se recuperó todo el dinero pagado de más y se condenó al banco de Sabadell al pago de las costas de todo el proceso.

Si eres uno de los afectados por la tarjeta de crédito de Banco de Sabadell (o por cualquier otra tarjeta revolving como Wizink, Cetelem, Cofidis, Carrefour, Vivus, BBVA, MediaMarkt, Santander, Bankinter, Caixabank...) no dudes en enviarnos un correo a clausulasuelo.info@gmail.com o a administrador@abusobancario.com y te ayudaremos en todo el proceso de manera gratuita.

A continuación detallamos la sentencia:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de la parte actora se presentó escrito que por reparto correspondió a este Juzgado promoviendo demanda de juicio ordinario contra Banco Sabadell, S.A. en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, solicitaba al Juzgado que admitiese la misma, y previos los trámites legales se dicte en su día Sentencia por la que se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito concertado con la demandada, condenándola a la restitución de todos los efectos dimanante del contrato, con devolución con intereses legales y procesales, y costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, compareció en tiempo y forma al objeto de allanarse totalmente a la demanda, solicitando el dictado de sentencia por la que se estime la pretensión principal de solicitud de nulidad del contrato de tarjeta crédito VISSA CLASSIC BSAB número , y en relación con la tarjeta número, suscrito entre el DEMANDANTE y BANCO SABADELL en fecha 5 de abril de 2017 (Contrato que se ha aportado de contrario como Documento Número 4), declarando la nulidad del mismo por tener carácter usurario de conformidad con el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios (“LRU”) y se condene a BANCO SABADELL a devolver los intereses que, tomando en cuenta el total de lo percibido, excedan del capital prestado; y a la DEMANDANTE a entregar la suma recibida, todo ello de conformidad con el art. 3 de la LRU; solicitando no le fuesen impuestas las costas, por las dudas de derecho existentes.

TERCERO.- Por la parte actora, evacuando el traslado que le fue concedido, no se ha opuesto al allanamiento en los términos interesados por la demandada, pero solicita y argumenta la procedencia de la imposición de costas a la demandada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El allanamiento se configura como una forma de terminación del procedimiento contemplada en el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que supone el reconocimiento por parte del demandado del derecho que asiste al actor en su reclamación, y que, por ello, determina dictar sentencia estimatoria de las pretensiones de la demanda, siempre que dicho allanamiento no sea efectuado en fraude de ley, suponga una renuncia contra el interés general o se realice en perjuicio de tercero.

En el presente caso en el allanamiento expreso no concurre ningún obstáculo legal a su acogimiento, por lo que, no suponiendo renuncia contraria al interés u orden público ni en perjuicio de terceros, se está en el caso de estimar la pretensión del actor y decidir de acuerdo con lo reconocido por la demandada, ajustando la condena a los más concretos términos que propone esta última a los que no se opone la actora.

SEGUNDO.- En cuanto a las costas, dispone el artículo 395 LEC que si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado. Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación.

En el presente caso, concurre la mala fe de la demandada que, pese a los requerimientos extrajudiciales, acreditados con los documentos números 2 y 3 ha forzado a la actora a la interposición de la demanda de autos siendo que, además, en su allanamiento ni siquiera efectúa los cálculos para determinar las respectivas restituciones, ni procede a consignación de cantidad alguna.

Por otro lado, las dudas de derecho que alega no son absolutas, pues si bien es cierto que la cuestión quedó zanjada definitivamente por la STS del Pleno de la Sala Primera de 4 de marzo de 2020, existía un claro precedente en la STS 25 de noviembre de 2011 que venía aplicándose con total generalidad.

En fin, resultaría de aplicación analógica la doctrina jurisprudencial conforme a la cual la restitución del consumidor frente a cláusulas abusivas –cuánto menos frente a contratos leoninos-no es plena si no se le resarce de las costas que se le han causado al obligarle a acudir a un procedimiento judicial (SSTS a 472/2020 de 17 de septiembre y 510/2020, de 6 de octubre, aplicando la doctrina de STJUE de 20 de julio de 2020).

Todo ello hace que deba acogerse el allanamiento, pero que el mismo no implique la liberación de la demandada del pago de las costas causadas a la actora.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación al caso,

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora nombre y representación de contra BANCO SABADELL, S.A.

1.- DECLARO LA NULIDAD POR USURA del contrato de tarjeta crédito VISSA CLASSIC BSAB número , y en relación con la tarjeta número suscrito entre las partes en fecha 5 de abril de 2017.

2.- CONDENO a BANCO SABADELL, S.A. a devolver los intereses que, tomando en cuenta el total de lo percibido, excedan del capital prestado, con intereses legales desde sus respectivos cobros y hasta su devolución, debiendo la DEMANDANTE a entregar sólo la suma recibida.

3. CONDENO a la demandada al pago de las costas procesales.

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Anulada una cláusula suelo del Banco Sabadell a pesar de que la hipoteca estaba cancelada

La extinción del contrato no es por sí misma un obstáculo para el ejercicio de la acción de nulidad del propio contrato o de alguna de sus cláusulas

Como ya lo estipulase el Tribunal Supremo en su sentencia de Pleno de 12 de diciembre de 2019, un Juzgado de Primera Instancia de Madrid ha declarado en una reciente resolución que, el hecho de que la hipoteca esté cancelada, no es impedimento alguno para que el consumidor afectado pueda instar la nulidad de cualquier cláusula del contrato.

La sentencia, de fecha 7 de octubre de 2021, declara la nulidad de una cláusula suelo de una hipoteca del Banco Sabadell que fue cancelada en septiembre de 2015.

Antecedentes

En junio de 2007, las partes suscribieron una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

En septiembre de 2015, las mismas suscribieron una escritura de compraventa con cancelación de hipoteca del Banco Sabadell.

Ahora, la actora-consumidora pretende la declaración de nulidad de la cláusula suelo y reclama la devolución de las cantidades indebidamente cobradas como consecuencia de su aplicación.

Por su parte, la entidad bancaria demandada se opuso alegando, entre otros motivos, la inexistencia de objeto por la cancelación de la hipoteca.

Cancelación del préstamo

El Juzgado de Primera Instancia n.º 101 Bis de Madrid recuerda que nuestro Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la cancelación del préstamo a efectos de poder prosperar la acción de nulidad y reclamación.

En la STS 662/2019, de 12 de diciembre, el Alto Tribunal indicó que no existía fundamento legal para afirmar que la consumación o extinción de un contrato impedía el ejercicio de la acción de nulidad. “Si la acción ejercitada hubiera ido dirigida exclusivamente a que se declarara la nulidad del contrato o de una cláusula, sin formularse una petición restitutoria, podría cuestionarse que exista un interés legítimo en obtener un pronunciamiento meramente declarativo en un contrato ya extinguido; pero como la finalidad de la demanda fue obtener la restitución de lo indebidamente cobrado en la aplicación de la cláusula suelo, la solicitud en la demanda de un pronunciamiento judicial que declarara la nulidad de dicha cláusula ha de entenderse como un antecedente necesario para lograr el pronunciamiento que condena a la restitución de lo indebidamente cobrado por la entidad financiera en la aplicación de la cláusula suelo”, valora la Sala Primera del TS.

De hecho, que el art. 1301 del Código Civil marque la consumación del contrato como dies a quo para el ejercicio de la acción de anulación por error o dolo, evidencia, en opinión del Magistrado-Juez del Juzgado de Madrid, que “la extinción del contrato no es por sí misma un obstáculo para el ejercicio de la acción de nulidad del propio contrato o de alguna de sus cláusulas”.

Falta de transparencia

Resuelto lo anterior, entrado ahora sí en el examen de la cláusula suelo objeto de litigio, el Juzgador adelanta que, de la prueba documental aportada, resulta que el Banco Sabadell no ha probado que la cláusula de limitación del tipo de interés fuese expresamente pactada con la demandante (más allá de poder recogerlo como redacción generalizada) a efectos de ser incluida en el clausulado, así como el tipo o porcentaje que se reflejaría a estos fines.

“Nada impide que se hayan negociado ciertos extremos (cantidad a prestar, interés fijo o variable, plazo de amortización …) sin que ello signifique que se hayan negociado todos ellos”, recoge el reciente fallo.

Respecto a la información precontractual, es decir, aquella que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de contratar, el Juzgado de Madrid advierte que, en el caso de autos, en ninguna de las fases contractuales que llevaron a la realización del referido contrato de préstamo hipotecario, “la entidad bancaria suministró ese plus de información, con el tratamiento principal de la cláusula suelo que permitiera a los clientes adoptar su decisión con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que comportaba dicha cláusula”.

“No se puede realizar una comparación fundada entre las distintas ofertas si al tiempo de realizar la comparación el consumidor no puede tener un conocimiento real de la trascendencia económica y jurídica de las cláusulas del contrato ofertado”, agrega el Juzgador.

Así las cosas, el Juzgado estima la demanda interpuesta y declara la nulidad, por abusiva, de la cláusula suelo del préstamo litigioso, teniéndola por no puesta. Además, condena al Sabadell a mantener la vigencia del repetido contrato sin dicha cláusula nula y a proceder a un recálculo del cuadro de amortización del préstamo sin la cláusula suelo, así como a la devolución de las cantidades cobradas en aplicación de la referida cláusula.

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El Supremo sigue declarando nulas las cláusulas suelo de las “hipotecas jóvenes”

Inadmitiendo el recurso de casación interpuesto por CaixaBank, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha razonado en un reciente Auto que la contratación de la modalidad denominada “hipoteca joven”, derivada de acuerdos de las financieras con algunos Gobiernos autonómicos, no implica ninguna diferencia en cuanto análisis de los deberes de información de las entidades bancarias con sus clientes.

El Alto Tribunal confirma lo dictado por la Audiencia Provincial de Tenerife que advertía que la obligación de dar información al consumidor correspondía a la entidad financiera, “pues es con el Banco con quien contrata el cliente no con el Gobierno de Canarias”.

Primera instancia: nulidad

En septiembre de 2017, el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife declaró la nulidad de la estipulación referente a la “cláusula suelo” inserta en el contrato de préstamo suscrito por el actor y CaixaBank en enero de 2008, en virtud de la cual se fijó como límite mínimo a la variación de los tipos de interés un 2,75% todo ello manteniéndose la vigencia del resto contrato, en todos sus términos, sin la aplicación de ningún límite mínimo del tipo de interés.

Consecuencia de lo anterior, la Magistrada-Juez de instancia condenó a la entidad bancaria a restituir a la actora todas las cantidades que cobrase de más mediante la aplicación de dicha cláusula desde que se incorporase al contrato.

Segunda instancia: el cliente contrata con el banco y no con la Administración

En septiembre de 2018, la Audiencia Provincial de Tenerife desestimó el recurso de apelación interpuesto por CaixaBank y confirmó la sentencia dictada en primera instancia.

En primer término, en relación a la supuesta claridad con que fue redactada la cláusula suelo, la Sala razona que la misma se insertó dentro de una “maraña de supuestos que regulan los intereses ordinarios (…), y es por ello que resulta enmascarada entre las mismas como si fuera un apartado más de la regulación de la remuneración del préstamo, cuyos intereses se pactan a un tipo variable, cuando en realidad se está introduciendo un tipo inferior fijo, y generando la ilusión de que la cláusula techo es justa contraprestación por la inclusión de una cláusula techo, cuando en realidad no es así”.

En segundo lugar, respecto a la información facilitada al consumidor, la entidad recurrente insiste en la entrega de los folletos explicativos y en que el prestatario se acogió a un convenio firmado por varias entidades bancarias, entre ellas la demandada, con el Gobierno de Canarias, denominado popularmente “hipoteca joven”, optando por las condiciones ofrecidas por dicho convenio, por lo que el demandante conocía el contenido de la cláusula suelo.

En cambio, en opinión de la Audiencia, la entidad bancaria no ha acreditado que la información suministrada al consumidor le permitiese percibir a este último que se trataba de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega y puede jugar en la economía del contrato.

En palabras de la AP de Tenerife, “la existencia de los clásicos folletos o trípticos informativos no acredita que estos le fueran entregados y explicados al cliente, sin que el testimonio de un testigo, empleado de dicha entidad, sea suficiente al respecto, y sin que pueda escudarse en la adhesión del demandante a las condiciones de la llamada ‘hipoteca joven’, pues ello ni aporta ni añade ni quita nada, ni releva a la entidad bancaria de la obligación de dar la información más arriba detallada, pues es con el Banco con quien contrata el cliente no con el Gobierno de Canarias”.

“No se ha explicado cuál es la información que aporta a la persona que va a suscribir un préstamo hipotecario optando por adherirse a ese convenio que suponga un mayor conocimiento acerca de los términos en que el TS exige que se facilite información sobre la cláusula suelo al usuario, ni con que expertos cuenta la llamada Bolsa Joven o Hipoteca Joven Canaria, que estén preparados para informar al peticionario de las consecuencias económicas que le supondrá aceptar ese tipo de cláusulas”, agrega la sentencia de segunda instancia.

En definitiva, lo verdaderamente relevante no es la inclusión de la cláusula suelo, que como tantas veces se ha dicho no es ilícita en sí misma, sino que la misma debía ser transparente, lo que viene determinado por la manera en que efectivamente se incluyera en el contrato de préstamo celebrado entre las partes y por el modo en que se informa al consumidor de sus consecuencias jurídicas y económicas.

Tribunal Supremo: desestimación del recurso

De nuevo, disconforme con la resolución judicial dictada, CaixaBank recurre en casación bajo el único motivo de la infracción del art. 8.2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, en relación con los arts. 80.1, 82.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y 4.2 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en orden a la aplicación del control de transparencia a la cláusula suelo, concurriendo existencia de jurisprudencia contradictoria de audiencias.

“CaixaBank no acreditó que proporcionase al consumidor una “información correcta, adecuada y suficiente del alcance real de la cláusula suelo”. (Foto: Economist & Jurist)

A pesar de lo anterior, la Sala de lo Civil del TS no admite el recurso de casación por falta de justificación del interés casacional, en la medida en que la sentencia de referencia, al analizar la validez de la cláusula suelo, no se opone a la jurisprudencia de esta sala sobre la materia litigiosa.

Acorde con lo declarado en la sentencia recurrida, el Alto Tribunal valora que CaixaBank no acreditó que proporcionase al consumidor una “información correcta, adecuada y suficiente del alcance real de la cláusula suelo en el desarrollo y ejecución del contrato”.

Así, valorando no solo la documentación acompañada a la modalidad de préstamo concertada denominada “hipoteca joven canaria”, sino el conjunto del material probatorio, la Sala Primera del TS inadmite el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad bancaria y declara la firmeza de la sentencia dictada por la AP de Tenerife.

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La justicia da la razón al 98,5% de los clientes en cláusulas suelo en Navarra

En junio de 2017 se ponía en marcha en Navarra, y en todo el país, un juzgado especializado en cláusulas suelo. Cuatro años después, el balance es que en solo en 86 de las 5.434 sentencias dictadas en este periodo el juzgado ha rechazado la demanda del cliente. En el resto, el 98,5% de las sentencias (5.348 casos), los jueces han dado la razón al demandante.

En estos cuatro años se han presentado en la Comunidad foral un total de 7.980 reclamaciones a las entidades bancarias por el dinero que se les cobró de más en hipotecas gracias a estas cláusulas. Una cifra que va a más en los últimos meses: en lo que va de 2021 (condatos de enero a junio) ya se han presentado 1.360 demandas, cifra que supera a todas las presentadas el año pasado (1.071) y que dejarán atrás las de 2019 (1.398 en todo el año). En 2018 se presentaron 1.988, por las 2.039 de 2017.

Los datos aparecen en la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ayer hizo públicas las cifras del segundo semestre de 2021 en relación a la actividad judicial provocada por la crisis. Debido al carácter tan extraordinario del segundo trimestre del año pasado, por el confinamiento, las cifras aparecen comparadas con el mismo periodo de 2019. Así, los lanzamientos practicados (desahuicios) en el segundo trimestre de 2021 (64) ha sido un 966,7% mayor que en el mismo trimestre de 2020 (6), mientras que respecto al segundo trimestre de 2019 (88) se ha observado una disminución del 27,2%. Según este informe, en los juzgados y tribunales navarros se ha producido asimismo un aumento del 42,4% de los monitorios, procedimientos que sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En total, en el segundo trimestre de 2021 se han incoado 1.930 monitorios frente a los 1.355 registrados entre abril y junio de 2019 (1.206 en el mismo periodo de 2020). El número de demandas por despido presentadas en el segundo trimestre de este año fue de 279, 12 más (267) que las registradas en el mismo periodo de 2019, es decir, un incremento del 4,4%. Asimismo, los juzgados de lo Social recibieron en el segundo trimestre 294 reclamaciones de cantidad, 42 menos que en el mismo periodo de 2019 (336), lo que conlleva un descenso del 12,5%.

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